Declaración Pública sobre tierras indígenas

La Asociación Nacional de Funcionarios de CONADI (ANFUCO), frente al hecho notorio y público de adquisición de tierras indígenas a favor de personas no indígenas, desea señalar que:

–      Es deber de CONADI promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional (art. 39 Ley N° 19.253).

–      El nivel de especialización y experticia de los funcionarios públicos que laboran en nuestra institución, específicamente en los temas de titularidad, naturaleza, afectación, transferencia de tierras y legalidad de la misma nos sitúa como ente autorizado para emitir una opinión válida desde el punto de vista técnico y legal frente a la situación de público conocimiento relativa a la adquisición de un inmueble indígena en la comuna de Pucón por una autoridad del Gobierno Central, persona que no detenta la calidad indígena mapuche.

–      Es importante señalar que el origen de muchas de las reivindicaciones de tierras por parte de las comunidades indígenas de nuestro país se suscita precisamente por la acción u omisión del propio Estado, a través de las leyes de colonización de la zona de la Araucanía, cancelaciones, subdivisiones, etc., así como también por la acción de privados que amparándose en “vacíos” de las respectivas leyes y demás regulaciones aplicables, afectan nuevamente los derechos de los pueblos indígenas.

–      Dicho lo anterior, no ponemos en duda la honorabilidad del actual Subsecretario del Interior, sin embargo, resulta claro que la disolución, liquidación y/o adjudicación en una sociedad o comunidad con el fin de adquirir tierra indígena, no contando el adjudicatario y/o adquiriente con esa calidad, adolece de nulidad absoluta y debiera declararse como tal al vulnerar lo dispuesto en la Ley N° 19.253.

–    Al respecto, y sólo a modo de ejemplos, la sentencia dictaminada en causa Rol V-27-2014, caratulada “Caniullán” seguida ante el Juzgado de Letras de Loncoche; la sentencia del Juzgado de Letras de Pitrufquen en causa Rol  V-4-2013, caratulada “Liempi”, ambas emitidas previo informe jurídico de este servicio y asimismo, la sentencia en causa Rol V-29-2015, caratulada “Llanos Toro” del Juzgado de Letras de Pitrufquen; son claras y contundentes, así como también el Dictamen N° 1126 de 2015 de la Contraloría Regional de Los Ríos, que mandata específicamente a CONADI a oponerse judicialmente a casos en donde se vulnere abiertamente esta legislación especial (Ley N° 19.253).

–      De esta forma afirmamos y sostenemos como funcionarios de CONADI nuestro rechazo a toda forma de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, en particular tratándose de algo tan  preciado por el pueblo Mapuche como es su tierra y solicitamos tanto a la Autoridad administrativa de Conadi como a todos aquellos servicios públicos relacionados hagan cumplir la ley en este caso y en todos aquellos que, esperemos así no sea, puedan seguir suscitándose.

  

Asociación Nacional de Funcionarios de CONADI

ANFUCO

 

 

 

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